El defensor del pueblo insiste en la regulación de la reunificación de deudas
09.06.2008
El Defensor del Pueblo ha instado en que sean las autoridades monetarias y financieras las que controlen los servicios de reunificación de préstamos y no las de consumo.
Así queda remarcado en su Informe Anual 2007, en el que añade que, aunque en el pasado ejercicio el Gobierno “mostró interés” por cubrir un ‘claro’ vacío legal, la forma de ejecutarlo no coincide con el criterio de la institución.
Después de que el Defensor del Pueblo pidiera en su informe de 2006 una regulación específica sobre los reunificadores de deudas, que se habían incrementado de forma significativa por los repuntes de los tipos de interés, el Ministerio de Economía aseguró que llevaría a cabo ciertas reformas normativas relacionadas con las nuevas tecnologías, la comercialización de servicios crediticios y los créditos al consumo.
Según se detalla en el Informe, los ministerios de Economía y Hacienda y de Sanidad y Consumo elaboraron un anteproyecto de ley de manera conjunta por el que se pretendía regular la protección a los consumidores en los servicios de intermediación y en la contratación de créditos o préstamos.
Aunque el Defensor del Pueblo valora esta iniciativa, lamenta que los servicios de reunificación de deudas sigan estando excluidos del control de las autoridades monetarias y bajo el ámbito ‘exclusivo’ de consumo, derivando la competencia territorial a las diferentes comunidades autónomas.
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Consumo colaborará con Economía para regular la reunificación de deudas
02.06.2008
Bernat Soria ha manifestado recientemente ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados que su equipo regulará, a lo largo de esta legislatura, la intermediación financiera en colaboración con el Ministerio de Economía y Hacienda, principalmente en el sector de la reunificación de deudas, dado el desmedido crecimiento de empresas que se dedican a esta actividad y ante ‘la actual coyuntura económica de subida de tipos de interés’.
Soria indico que la regulación de los intermediarios es ‘una acción prioritaria’ ya que se trata de ‘una demanda de la sociedad’.
El ministro insistió en que el consumo ‘forma parte fundamental’ de la vida cotidiana por lo que ‘reforzar los derechos de los consumidores’ implica ‘mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos’.
Por este motivo, Soria se comprometió a situar el consumo ‘en la primera línea de la agenda política’, especialmente en aquellos aspectos relacionados con la calidad, la equidad, la innovación y la seguridad.
Soria también anunció la colaboración del Ministerio de Justicia en la adecuación de la Directiva Comunitaria de Prácticas Desleales gracias a la cual Sanidad conseguirá ‘mejores y más efectivas herramientas’ para luchar contra aquellas estafas relacionadas con las nuevas tecnologías, los servicios de telefonía, la venta de productos por Internet y las ofertas de ocio, entre otras.
En este sentido, el ministerio trabajará para ‘mejorar el intercambio de información sobre productos inseguros’, a través de las Redes de Alerta. Soria también apostó por la puesta en marcha de protocolos de colaboración entre las distintas Administraciones Públicas para que el mercado ‘no sólo funcione eficientemente conforme a las reglas de la leal competencia, sino que la salud y seguridad de los consumidores y sus legítimos intereses económicos sean suficientemente protegidos y respetados’.
A FAVOR DEL CONSUMO RESPONSABLE
Asimismo, Soria señaló que su ministerio promoverá actuaciones que favorezcan el fomento del ‘consumo responsable’, al mismo tiempo que impulsará el acceso ‘a la mejor y mayor información’ de los consumidores para que éstos puedan asumir un papel ‘responsable y solidario’.
Para poder cumplir estos objetivos, Soria apostó por ‘la participación de los ciudadanos a través de organizaciones y colectivos’, una circunstancia ‘crucial’ para ‘la adecuada protección y defensa de sus derechos’. ‘Para poder ejercer sus derechos, los consumidores, los ciudadanos, deben conocerlos’, apostilló.
Por este motivo, el Instituto Nacional del Consumo desarrollará un ‘Plan de Medidas para la Seguridad y Control de los Productos de Consumo en el Mercado’ que intensificará ‘la difusión y formación’ en materia de derechos de consumidores para que puedan disfrutar ‘de la mayor tranquilidad posible’.
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