Consumidores y sindicatos solicitan al Gobierno medidas para que el crédito llegue a las familias
26.02.2009
El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), no confunfircon la OCU y varios grupos sindicales han solcitado al Gobierno nueve medidas especifica destinadas a que las ayudas de 50.000 millones de euros aportadas por el Estado a los bancos lleguen finalmente a los 2,7 millones de hogares en situación de endeudamiento por la imposibilidad de hacer frente a las hipotecas.
La propuesta ha sido enviada a la Oficina Economía del presidente del Gobierno con el objetivo de que estudien la aplicación de las medidas, abrir una mesa de diálogo y las envíen a los diferentes ministerios implicados en su puesta en marcha.
La medida más urgente propuesta es aplicar el arbitraje y la conciliación en los planes de reestructuración de la deuda para evitar los embargos judiciales hipotecarios y crediticios, que durante 2008 podrían llegar a 86.681 y a 121.006 en 2010, según previsiones del CGPJ.
Por otra parte, se propone que el ICO establezca una línea de avales para los colectivos más vulnerables que sirva de puente para la rehabilitación de la hipoteca, y solicitan a las entidades bancarias que actualicen los intereses hipotecarios del Euríbor al tipo de interés que marca el Banco Central Europeo (BCE).
La propuesta plantea actualizar el artículo 131 de la Ley Hipotecaria para evitar la venta directa de la vivienda sin medidas intermedias de arbitraje, así como dotar de un procedimiento judicial específico para la venta a plazos de los inmuebles en las situaciones más graves con un cambio en el artículo 11 de la Ley 28/98.
En caso de que los hogares no puedan para asumir los pagos del los préstamos hipotecarios, el Consejo y los sindicatos piden una exención de comisiones, tributos o tasas.
Finalmente se solicita una reforma de la normativa sobre transparencia bancaria y publicidad financiera para evitar las posibles condiciones “abusivas” en los contratos de préstamos y de reunificación de deudas, así como establecer un reglamento que impulse la educación financiera y un modelo de consumo sostenible.
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